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Llegó al Senado proyecto de cadena perpetua

Por fin llegó al Senado el proyecto de reforma constitucional que restablece en Colombia la cadena perpetua.

Ayer, a las 10 de la mañana, en sesión virtual de la Comisión Primera del Senado, el grupo de ponentes –coordinado por Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Roy Barreras (La U) e integrado por Julián Gallo (partido Farc), María Fernanda Cabal (Centro Democrático), Carlos Guevara (partido Mira), Germán Varón (Cambio Radical), Angélica Lozano (Alianza Verde), Alexander López (Polo Democrático) y Gustavo Petro (Colombia Humana)– recibirá insumos en una audiencia pública convocada sobre el proyecto.

Está previsto que intervengan 19 interesados en la iniciativa, entre ellos, el exministro Yesid Reyes, director del Área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes; Rodrigo Uprimny y César Valderrama, de Dejusticia; y Francisco Bernate, del Colegio de Abogados Penalistas.

Hace unos quince días, con 135 votos a favor y 22 votos en contra, la plenaria de la Cámara aprobó en sexto debate el proyecto acto legislativo número 01 de 2019 Cámara – 21 de 2019 Senado, “por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”. La iniciativa busca aplicar este castigo a los violadores y asesinos, tanto de niños como niñas.

Según la exposición de motivos del proyecto, “de manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores y adolescentes; se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. Esta pena será revisable en un plazo de veinticinco años, es decir que transcurrido este tiempo de la condena, algunos expertos evaluarán al procesado para mantener la condena o dejarlo en libertad”.

En el articulado se plantea que el Gobierno deberá formular una política pública integral que desarrolle la protección de los niños, niñas y adolescentes, fundamentada en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.

(RADIO SANTAFE).

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