Dando cumplimiento a uno de los compromisos pactados con la comunidad durante la visita pasada de la gobernadora Marcela Amaya al proyecto habitacional Villa Claudia en Cumaral, la Secretaría de Vivienda del departamento realiza un seguimiento y control a los beneficiarios, para garantizar que tengan en cuenta los requisitos establecidos al ser adjudicatarios de este subsidio.
“Dentro del proceso de seguimiento y control que ejerce la Secretaría de Vivienda detectamos 23 casas que están sin habitar y/o se les ha realizado reformas estructurales que no están permitidas. Por lo que ya fueron citados los beneficiarios de estos subsidios a diligencia de descargos; de los 23 citados, se han presentado 12 de ellos, los 11 restantes se les volvió a citar a diligencia de descargos para este lunes 29 de abril”, explicó Camilo Gómez Rojas, titular de la dependencia.
De esta manera, los beneficiarios del subsidio tienen la oportunidad de desvirtuar la posible infracción y aportar las pruebas que consideren necesarias, una vez surtidas las diligencias la Secretaría de Vivienda analizará los hechos y tomará las decisiones de fondo en cada caso específico, ya sea restituyendo el subsidio o absteniéndose de realizar la restitución. “Así garantizamos por parte de la administración departamental el derecho de defensa y contradicción, y el debido proceso a los adjudicatarios requeridos”, señaló el funcionario.
Es importante resaltar que el no vivir en las casas no es la única causal de restitución del subsidio, también que los beneficiarios vendan, arriendan o cedan su unidad habitacional antes de haber transcurrido diez años desde la fecha de su trasferencia. “Así lo dispone el acuerdo 001 de 2014 por medio del cual se reglamenta el subsidio de vivienda de interés social prioritario para áreas urbanas y rurales”, indicó Gómez Rojas.
Por último, el titular de la dependencia recordó la importancia que tiene para el Gobierno departamental generar oportunidades para los metenses. “La función social que realiza esta administración en cabeza de la gobernadora Marcela Amaya, a través de nuestro despacho, se basa en lograr que las familias tengan un techo propio y digno, por eso la vivienda suministrada a cada beneficiario debe ser habitada con su núcleo familiar, de lo contrario nos vemos obligados a realizar la restitución”.
