Un bloque de 34 congresistas, liderado por los senadores Richard Fuelantala y Carlos Abraham Jiménez, envió una carta urgente al presidente Gustavo Petro. En el documento, denuncian que la reciente actualización catastral rural es un «golpe mortal» para la economía del campo, con avalúos que en algunos casos se dispararon hasta 25 veces su valor anterior.
Los legisladores aseguran que el proceso fue improvisado y exigen la derogatoria total de la Resolución 2057 del IGAC, además de congelar embargos y sanciones por un año.
Sin embargo, el presidente Petro no dio su brazo a torcer. En consejo de ministros, el mandatario defendió a capa y espada el Catastro Multipropósito, asegurando que es un compromiso sagrado del Acuerdo de Paz de 2016.
«Les miente la oposición. El objetivo es que los terratenientes paguen impuestos sobre la tierra, no que los campesinos paguen. Es una herramienta para que los grandes propietarios paguen lo justo.»
Mientras el Gobierno insiste en que la medida busca justicia social, en las regiones la realidad es otra: campesinos, indígenas y víctimas del conflicto reportan que sus predios, que no son latifundios, están recibiendo cobros impagables. La tensión se mantiene en las vías, donde los bloqueos continúan a la espera de una respuesta técnica del IGAC.
