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Procurador Eljach revela denuncias de contratistas obligados a votar en consultas bajo amenaza.

En un evento de alto nivel que analiza los desafíos para los comicios de 2026, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó una grave advertencia: en Colombia “no tenemos paz electoral”. El jefe del Ministerio Público reveló denuncias concretas de coerción a contratistas por parte de mandatarios locales, hechos que ya son investigados por su despacho.
Eljach envió un mensaje directo y firme a los gobernadores y alcaldes, indicando que “un gobernador y un alcalde no pueden coger su poder de dominio, porque es la autoridad política y de Policía en su territorio, para inducir, obligar, seducir o evitar que se vaya a favor o en contra de una candidatura”.
En un revelador momento, el Procurador detalló la naturaleza de las denuncias recibidas. Manifestó que “funcionarios han citado contratistas a puerta cerrada y quitándole el celular para decirle que hay que votar en la consulta de tal colectividad por tal persona”. Esta práctica, que busca evitar pruebas y presionar a los ciudadanos, fue confirmada por Eljach como parte de las investigaciones que ya ha iniciado la Procuraduría.
Dirigiéndose a los candidatos presidenciales, el Procurador les pidió que se comporten, acaten las normas en su totalidad y se traten con respeto. Subrayó que las elecciones “deben ser libres, transparentes, sin compra de votos, sin trampas, pero además tienen que ser seguras, oportunas, eficientes, legítimas, limpias y conscientes”.
Asimismo, alertó sobre los riesgos modernos para la democracia, señalando a la inteligencia artificial y la “infoxicación patológica” como elementos dañinos que pueden alterar la voluntad de los votantes mediante información malintencionada.
El evento contó con la presencia de altas autoridades del Estado. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, destacó la importancia de cuatro puntos para la legitimidad de los comicios: la colaboración armónica entre organismos del Estado, la participación prudente y veraz de los sectores políticos, la seguridad de los recursos para la elección y la garantía de seguridad en todo el territorio.
La reunión, que congregó a figuras como el Registrador Nacional, los ministros de Defensa e Interior, la fiscal general y el director de la Policía, entre otros, evidencia el esfuerzo institucional por blindar el proceso electoral de 2026 frente a prácticas irregulares y coercitivas.

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