El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín sancionó al director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, por desacato a una orden judicial relacionada con la asignación de medidas de seguridad a un activista político.
La decisión impone una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Además, ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General para que investiguen una posible falta disciplinaria y penal derivada del incumplimiento.
El caso corresponde al analista y activista político Santiago Alvarán, conocido por sus posturas críticas frente al Gobierno nacional. Según el expediente, Alvarán había denunciado reiteradas amenazas de muerte y fue víctima de un atentado el 29 de junio de 2025, cuando se movilizaba por la vía que conecta Medellín con Urabá, en el occidente de Antioquia.
Tras ese hecho, solicitó a la UNP un esquema de protección. Ante la falta de respuesta efectiva, interpuso una tutela que fue fallada a su favor en enero de 2026. La orden fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 14 de abril de 2026. Pese a ello, el juzgado concluyó que el fallo no fue acatado, lo que derivó en la sanción.
Además del director de la UNP, también fueron sancionados Nelson Rolando Russi, director de Evaluación de Riesgo, y Miguel Ángel Quiroga, director de la Dirección de Protección, con una multa equivalente a un salario mínimo cada uno.
En medio del proceso, Alvarán cuestionó públicamente a la entidad, señalando que la UNP, gerenciada por Augusto Rodríguez, ha dejado sin seguridad a líderes sociales y ha incumplido decisiones judiciales.
Con la compulsa de copias, ahora serán los entes de control y la Fiscalía los encargados de determinar si existen responsabilidades adicionales por el incumplimiento de la orden judicial.
