Con el apoyo de la Universidad Externado, el Gobierno del Meta realizó una capacitación dirigida a secretarios, gerentes y funcionarios del departamento, con el objetivo de brindarles herramientas para entender y prevenir la configuración de los llamados “contratos realidad”. Esta formación se centró en identificar los elementos que podrían convertir un Contrato por Prestación de Servicios (CPS) en una relación laboral encubierta, conocida legalmente como “contrato realidad”.
Lyda Susana Gutiérrez Muñoz, secretaria Jurídica de la Gobernación del Meta, explicó que un contrato de prestación de servicios se convierte en un “contrato realidad” cuando se configuran tres elementos clave de una relación laboral: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación laboral continua. Esto sucede cuando se dan directrices, se establecen horarios y se dan órdenes al contratado, lo cual no corresponde a la naturaleza del CPS.
La funcionaria subrayó que, por norma, el CPS se utiliza para vincular a personas naturales para actividades específicas que la entidad no puede realizar con su personal de planta, sin generar subordinación o dependencia. Sin embargo, si se configura un “contrato realidad”, la persona afectada tiene derecho a demandar al empleador para que un juez reconozca la existencia de una relación laboral, lo que implicaría el acceso a beneficios laborales como prestaciones sociales y seguridad social.
La capacitación también sirvió para recalcar que el Gobierno departamental debe tomar medidas para evitar la generación de estos contratos irregulares, ya que podrían originar demandas que afecten los recursos públicos y generar daños antijurídicos. “El objetivo de esta formación es garantizar que todos los contratos sean realizados dentro del marco legal y sin causar perjuicios tanto a los empleados como a la administración pública”, concluyó Gutiérrez.
La iniciativa es parte del esfuerzo del Gobierno del Meta por optimizar los procesos administrativos y evitar situaciones que puedan generar conflictos laborales o jurídicos, asegurando un manejo transparente y responsable de los recursos públicos.
