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24 organizaciones sociales, incluso afines al Gobierno, tildan de ‘ilegal’ el decreto de consulta popular de Petro.

Un grupo de 24 organizaciones sociales, incluyendo algunas cercanas al Gobierno, rechazaron de manera contundente el decreto del presidente Petro que convoca una consulta popular. En un comunicado, calificaron la medida de ilegal y advirtieron que erosiona la separación de poderes, llegando a hablar de un riesgo autoritario.

Entre las firmas destacan la Fundación Pares, Coljuristas y DeJusticia, que aunque apoyan reformas sociales, exigen agotar las vías institucionales. El mensaje es claro: «El respeto a los procedimientos es la base de la confianza democrática».

Este rechazo se suma al de gremios, expresidentes y juristas, en medio de la tensión por la reforma laboral. Mientras, el Gobierno insiste en que la consulta es legítima, pero la presión crece.

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