
El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, calificó como «preocupante» el decreto del presidente Gustavo Petro que fijó un incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, advirtiendo que la medida tendrá efectos negativos directos en las finanzas territoriales y en el acceso a vivienda para la población de menores ingresos.
Aunque el aumento salarial para servidores públicos aún no se ha definido, el mandatario local señaló que este ajuste elevará significativamente los gastos de funcionamiento de la administración municipal, lo que a su vez limitará la capacidad financiera y afectará la ejecución de programas sociales e inversiones en la capital del Meta.
Impacto crítico en el sector vivienda: Baquero fue enfático al explicar que uno de los impactos más graves se reflejará en el sector de la construcción, específicamente en la Vivienda de Interés Social (VIS). Según sus estimaciones, los precios podrían aumentar de forma considerable debido al mayor costo de la mano de obra y los materiales. Un apartamento VIS podría alcanzar valores cercanos a los $240 millones. Una casa VIS podría costar alrededor de $300 millones.
«Las viviendas de interés social tendrán un valor exagerado. Incrementar el salario mínimo de esa manera generará inconvenientes en el campo de la construcción», aseveró el alcalde, subrayando que esta situación reducirá drásticamente las posibilidades de adquisición para las familias de menores recursos.
Crítica a la descentralización financiera: El mandatario también cuestionó la contradicción en la política nacional, al señalar que el Gobierno central continúa recortando aportes a los entes locales mientras les transfiere nuevas responsabilidades sin el respaldo financiero necesario. Esta situación, a su juicio, agrava la sostenibilidad administrativa y presupuestal de los municipios y departamentos, creando una presión fiscal insostenible en un contexto de mayores obligaciones salariales.
La advertencia del alcalde Baquero se produce en medio del debate nacional sobre los efectos económicos del incremento salarial y la capacidad de las regiones para absorber estos costos sin afectar sus finanzas y sin encarecer bienes esenciales como la vivienda.



