
El alcalde Alexander Baquero encabeza una gestión urgente ante la Corte Constitucional para modificar una medida que obliga a los municipios a asumir el costo de mantenimiento de personas detenidas transitoriamente. Junto a alcaldes de Bogotá, Popayán, Bucaramanga y Cali, logró que el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, interceda ante el Gobierno nacional.
Baquero advirtió que, solo en Ibagué, esta medida implicaría gastos cercanos a 13 mil millones de pesos anuales para alimentar a unas 500 personas en estaciones de policía, recursos que son necesarios para otras prioridades de la administración. La norma entraría en vigencia el 1 de julio, y los municipios exigen una solución inmediata, pues aseguran que la Nación sigue recortando aportes mientras transfiere más obligaciones.
Quedó pendiente la conformación de una comisión de alcaldes para presentar argumentos conjuntos ante el Gobierno antes de la fecha límite.



