La Alcaldía de Villavicencio expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional que obliga a los municipios, a partir del primero de julio, a financiar las tres comidas diarias de las personas sindicadas en centros de detención transitoria.
El alcalde Alexander Baquero calificó la medida como una carga injusta y advirtió que la administración local no cuenta con los recursos necesarios para asumir esta responsabilidad.
«No estamos en condiciones de asumir este gasto. Solo en Villavicencio tenemos cerca de mil personas sindicadas, lo que representa más de tres mil raciones diarias y un costo anual de unos 10 mil millones de pesos», señaló el mandatario.
Baquero también cuestionó el traslado progresivo de cargas financieras desde el Gobierno central a los entes territoriales, como ya ocurrió con el Programa de Alimentación Escolar.
La medida fue debatida por la Asociación de Capitales, Asocapitales, que busca soluciones urgentes ante lo que considera una decisión que pone en riesgo otros frentes de inversión local, como la pavimentación de vías.
