El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el Meta no es una cifra fría. Es una realidad que golpea con fuerza a diez municipios del departamento, según las más recientes Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Mesetas está en riesgo extremo e inminente. Allí, grupos armados han reclutado menores a la fuerza y se han registrado muertes de niños en medio del conflicto. Otros nueve municipios, entre ellos La Macarena, Uribe, Vista Hermosa, Puerto Rico y Mapiripán, están en riesgo alto. Y en Villavicencio, bandas criminales vinculadas al microtráfico también están instrumentalizando a menores.
Frente a este panorama, el Gobierno del Meta, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Paz y la Mesa Departamental de Prevención del Reclutamiento, activó durante 2025 todas las rutas de protección. La Mesa cumplió el cien por ciento de su plan de acción, con sesiones descentralizadas y la participación directa de estudiantes y jóvenes.
“No vamos a permitir que los niños y niñas del Meta sean utilizados por estructuras criminales. Este es un gobierno que protege, previene y actúa. En el Día Internacional de las Manos Rojas, ratificamos que las manos de los niños y niñas son para aprender, jugar y construir futuro, no para la guerra”.
Las cifras son contundentes. Según la Unidad para las Víctimas, desde 1985 se han registrado 720 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento en el Meta. Solo entre 2021 y noviembre de 2025, se reportaron 14 casos de vinculación a grupos armados. Pero las autoridades insisten: el subregistro es enorme, especialmente en zonas rurales, por miedo y desconocimiento de las rutas de denuncia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendió en el primer semestre de 2025 a 25 menores desvinculados en todo el país. De ellos, 11 son del Meta. Provienen de Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia y Villavicencio.
Y hay un dato que enciende todas las alarmas: los cuatro casos de reclutamiento reportados por la Policía en 2025 corresponden a niñas y adolescentes mujeres. Un riesgo diferencial que, advierten las autoridades, requiere atención prioritaria.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Gobernación señala como principales responsables a disidencias de las extintas FARC, bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’ y alias ‘Iván Mordisco’. Grupos que, según el informe, utilizan el reclutamiento como estrategia de control territorial y sostenimiento de economías ilegales.
Desde la Gobernación del Meta insisten en que el reclutamiento es un crimen de guerra y hacen un llamado a las comunidades: denunciar salva vidas. Activar las rutas de protección, dicen, es el primer paso para que ningún niño del Meta termine con un fusil en las manos. Porque sus manos, repiten una y otra vez, son para jugar, estudiar y construir paz.
