
A través de una circular urgente, el Ministerio Público les ordenó activar de inmediato todos los planes de contingencia y gestión del riesgo de desastres para evitar que la temporada de lluvias o posibles emergencias terminen inundando los puestos de votación o dañando los tarjetones.
La Procuraduría fue muy clara con las tareas. A las alcaldías les toca hacer visitas técnicas a los colegios y tener listos los planes para reubicar mesas si es necesario. A las gobernaciones les ordenó activar los comités departamentales, y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Registraduría les pidió emitir alertas para proteger todo el material electoral.
El alcalde que se duerma en los laureles y no cumpla con estas directrices se expone a una sanción por falta gravísima bajo el Código General Disciplinario. La orden está dada: a cuidar las urnas y a proteger a los votantes de cualquier emergencia climática.



