
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ratifica su promesa de campaña y anuncia un giro radical en la política de seguridad del país para cuando asuma el cargo este 7 de agosto. Entre las medidas está la creación de un bloque especial para combatir la criminalidad en las principales ciudades y el fin inmediato de la llamada Paz Total.
En un comunicado difundido este domingo, el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, delineó lo que serán sus primeros pasos en materia de orden público. Y la línea es clara: mano firme y fin de las negociaciones con grupos ilegales.
La primera medida de alto impacto es la conformación de los ‘Bloques de defensa para la seguridad urbana’. Una estrategia que, en palabras del presidente electo, busca frenar la ola de violencia en las ciudades que más sufren por la delincuencia.
De la Espriella ya ha convocado a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para diseñar una operación conjunta. El objetivo es claro y lo dejó escrito en sus redes sociales: “No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria”.
Pero el anuncio que genera mayor controversia es el desmonte total de la política de Paz Total, impulsada por el actual presidente Gustavo Petro. El nuevo jefe de Estado calificó esta estrategia como “impunidad total”.
Según De la Espriella, su gobierno revisará los acuerdos alcanzados y evaluará toda la arquitectura jurídica que soportó los diálogos. La instrucción para la Fiscalía y la Fuerza Pública será clara: reactivar las órdenes de captura que fueron suspendidas durante las negociaciones con grupos armados.
“No habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos” , afirmó el mandatario electo, quien descartó de plano abrir nuevos procesos de negociación con beneficios especiales.
El único ofrecimiento que De la Espriella tiene para las organizaciones ilegales es el sometimiento a la justicia con los beneficios que ya contempla la ley actual. La prioridad, según el próximo gobierno,
Estos decretos, que se firmarán el mismo 7 de agosto durante la posesión, marcan el inicio de una nueva era en la seguridad colombiana, con un enfoque que abandona el diálogo y apuesta por la ofensiva judicial y militar.



