
El Concejo de Villavicencio afronta la recta final de su periodo de sesiones ordinarias con una agenda cargada de debates de control político, estudio del presupuesto para la vigencia 2027 y la radicación de nuevos proyectos de acuerdo, tanto de la administración municipal como de iniciativa propia de los corporados.
Así lo anunció el presidente de la corporación Diego Garay, quien señaló que en este periodo se evaluará el informe de gestión de cada uno de los funcionarios, se verificará el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y se determinará qué dependencias pasaron el año y cuáles no. También se estudiará el presupuesto para la próxima vigencia y se adelantarán los debates de control político anunciados.
Uno de los proyectos bandera que presentará el presidente del Concejo es la solicitud a la Secretaría de Educación de prohibir el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas a menores de 14 años.
Según el corporado, la medida busca regular una situación que “ya está pasando límites”, pues los estudiantes ingresan a clase con el celular en la mano para ver TikTok o hacer memes, “todo menos estudiar”. De aprobarse, Villavicencio sería la segunda ciudad del país en implementar este tipo de restricción.
La administración municipal radicó cuatro proyectos de acuerdo: la adopción del Plan de Desarrollo Turístico de Villavicencio; la autorización al alcalde para enajenar a título gratuito un bien fiscal a la Gobernación del Meta; la autorización para suscribir y modificar la resolución del predio entregado para la construcción de la ESAP, cuya autorización venció tras dos años; y la creación de la Junta Interinstitucional de Arbolado Urbano del municipio.
Entre los debates anunciados figuran el control político a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, a la Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería de Seguridad junto con la Policía, y a la Oficina de Gestión del Riesgo y la Electrificadora del Meta.
Sobre esta última, el presidente del Concejo Diego Garay fue enfático en señalar que la Constitución garantiza continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos, y que la Electrificadora del Meta “no presta ni calidad, ni cobertura, ni continuidad”. Añadió que los corregimientos son los sectores más afectados por los cortes de energía.
En materia de Piedemonte, indicó que persisten problemas con la entrega de proyectos de vivienda, entre ellos La Victoria, al cual se le viene haciendo seguimiento para que sea entregado lo antes posible y así dar paso a nuevos proyectos de desarrollo urbanístico.
Respecto al alumbrado público, señaló que se evaluará la prestación del servicio a cargo de Alborada, empresa industrial y comercial del Estado, su proceso de modernización y el futuro de la planta de generación de energía donada por Corea, que aún no entra en funcionamiento.



