
En la reciente plenaria de la Cámara de Representantes, varios congresistas cuestionaron el proceso de actualización catastral masiva que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) está implementando, un proceso que afectará al 44% del territorio nacional, especialmente en 282 municipios de 30 departamentos.
La congresista Alexandra Vásquez, quien ha seguido de cerca este tema, expresó su preocupación por la forma en que se está llevando a cabo la actualización, que se ejecutará en 2025 a través de la Resolución 1912 del 6 de diciembre de 2024. Según Vásquez, lo alarmante no solo es la magnitud de la medida, sino también su implementación, que se está llevando a cabo sin verificaciones en terreno, sin participación ciudadana y sin mecanismos claros para evitar errores.
“La actualización masiva catastral que se pretende aplicar no corregirá las distorsiones en el catastro, sino que podría resultar en incrementos desproporcionados en los impuestos prediales”, alertó la parlamentaria. Añadió que el IGAC está utilizando métodos indirectos como drones e imágenes satelitales para realizar la actualización, sin llevar a cabo una verificación física de los bienes, lo que podría resultar en un proceso especulativo que no refleje la realidad.
Vásquez también señaló que, en el pasado, actualizaciones catastrales similares, realizadas por gestores sin experiencia, han dejado resultados imprecisos, como ocurrió en Soacha. Ahora, con la propuesta de aplicar esta metodología masiva en 282 municipios, la congresista teme que los errores cometidos anteriormente se repitan y afecten a un número aún mayor de ciudadanos.
El proceso afectará aproximadamente 50,5 millones de hectáreas, lo que representa el 44,5% del territorio nacional. A pesar de la magnitud de la medida, la congresista subrayó que no se ha aprobado un proyecto de ley que permita mitigar los efectos de estos aumentos, y que la propuesta del Gobierno sigue en trámite sin el consenso necesario para avanzar. Actualmente, el proyecto de ley está siendo debatido, pero se prevé que sea archivado en junio próximo si no se toman acciones políticas al respecto.
La actualización catastral masiva, por lo tanto, se perfila como una medida polémica que podría tener graves implicaciones para los contribuyentes de los municipios afectados. Sin una revisión adecuada, podría resultar en un aumento considerable de los impuestos prediales, afectando de manera directa a miles de familias colombianas.



