La Sala Plena del Consejo de Estado ratificó en segunda instancia que no hay prueba o motivo para declarar la muerte política de los congresistas que en marzo de 2024 anunciaron una ‘vaca’ para financiar vías 4G en Antioquia. El alto tribunal concluyó que el anuncio nunca se convirtió en un contrato de donación.
La demanda sostenía que los cuestionados violaron el régimen de incompatibilidades, que prohíbe a los congresistas celebrar contratos con entidades públicas. Según el quejoso, el anuncio de la donación habría dado lugar a un contrato entre los demandados y el departamento.
En junio de 2024, la Sala Segunda Especial de Decisión de Pérdida de Investidura negó la pérdida de investidura de los reprochados. El demandante apeló y ahora el Consejo de Estado en pleno ratificó esa decisión.
Al analizar el caso, los magistrados constataron que varios de los congresistas cuestionados solicitaron la devolución de los aportes antes de que la entidad departamental los aceptara. Para quienes mantuvieron la contribución, el Consejo de Estado definió que no basta con consignar un dinero: la donación requiere manifestación expresa y por escrito de aceptación por parte de quien recibe el donativo.
La Secretaría de Hacienda del departamento devolvió los recursos a Paloma Susana Valencia, María Fernanda Cabal y Hernán Darío Cadavid, lo que era viable porque la donación solo es irrevocable cuando el contrato se ha perfeccionado. En los demás casos, simplemente no se produjo ninguna aceptación.
Como no existe evidencia de que el departamento aceptó la donación como lo exigen las normas civiles y el Estatuto de Contratación Estatal, el Consejo de Estado consideró que no se probó que los demandados incurrieran en una actuación prohibida por la ley. El fallo también descarta evidencia de un beneficio personal o a terceros.
