En un fallo de alto impacto para los medios de comunicación, el Consejo de Estado suspendió de manera inmediata la directriz presidencial que obligaba a las entidades del Estado a destinar el 33% de su pauta oficial a medios alternativos y comunitarios.
La corporación judicial accedió a una medida cautelar al encontrar que la orden vulneraba principios esenciales de la contratación pública, como la selección objetiva, la igualdad, la libre competencia y las reglas anticorrupción.
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, una de las demandantes, explicó que la medida «imponía la contratación con un grupo específico», restringiendo la elección de propuestas realmente favorables para el interés general.
La decisión se da en medio de denuncias sobre el uso de la pauta estatal para financiar encuentros con influenciadores, en lugar de fortalecer de manera real y sostenible a los medios comunitarios.
