Un demoledor informe de la Contraloría General de la República pinta un panorama crítico para la educación superior pública en Colombia: solo una de las 34 universidades estatales del país es financieramente autosostenible, dejando al sistema completo al borde de una crisis de viabilidad.
El estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, adelantado por la Delegada para el Sector Educación de la Contraloría, concluye que el sistema enfrenta una “desfinanciación estructural” que compromete su futuro. Los hallazgos principales son alarmantes:
- Desigualdad extrema y concentración de recursos: Cuatro universidades –la Nacional (UNAL), la Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la de Antioquia (UdeA) y la del Valle (Univalle)– acaparan el 48% de los ingresos nacionales y el 37% de los territoriales. Esta concentración profundiza las asimetrías regionales. Mientras un estudiante de la UNAL representa $11.4 millones en ingresos, uno de la UNAD representa solo $525.777. El promedio nacional es de $4.5 millones.
- La «espada de Damocles» del pasivo pensional: La carga más pesada es el pasivo pensional, que alcanza la astronómica cifra de $10.3 billones en 2024, y podría ser mayor. Este valor está altamente concentrado: la UNAL ($4.5 billones) y la Univalle ($1.4 billones) cargan con el 57.8% del total. Estos recursos, destinados a jubilaciones, desvían fondos críticos para docencia, investigación e infraestructura, limitando el crecimiento.
- Fragilidad financiera generalizada: Aunque el 75.8% de las instituciones muestra solvencia aceptable, el 24.2% restante (8 universidades) presenta niveles preocupantes y capacidad limitada para cubrir sus obligaciones. Además, un grupo importante arrastra niveles críticos de endeudamiento.
- El desafío de la reforma (Ley 30): La Contraloría analizó el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 (que reforma la Ley 30 y avanza hacia la gratuidad) y sus cálculos son más pesimistas que los del Gobierno. Mientras el Ministerio de Educación proyecta un costo de $22.1 billones (2027-2040), el organismo de control estima un impacto de $27.8 billones para el período 2027-2036. Si bien se exalta el rumbo hacia la gratuidad y mayor inversión (acercándose al 1% del PIB como en la OCDE), la Contraloría es enfática: “resulta fundamental que cualquier incremento esté respaldado por fuentes de financiamiento claras, suficientes, verificables y sostenibles”.
- Diagnóstico compartido por las universidades: En una consulta, 31 instituciones coincidieron en problemas como la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento de gastos de personal y la presión pensional. Piden actualizar la Ley 30, diversificar fuentes de financiación y fortalecer alianzas.
El estudio no solo evidencia los graves problemas, sino que plantea la disyuntiva central que debe resolver el Estado colombiano: avanzar decididamente hacia la gratuidad y universalidad de la educación superior, o priorizar esquemas que aseguren primero la sostenibilidad financiera de las instituciones existentes. La ruta elegida, advierte la Contraloría, debe incluir diversificación de ingresos, ajustes presupuestales realistas y una protección efectiva de los recursos misionales frente a la carga pensional. El futuro de la educación pública superior en Colombia pende de un hilo financiero.
