La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades por $160 mil millones en la adquisición de predios para la Reforma Rural Integral (RRI), según los hallazgos de una Actuación Especial de Fiscalización realizada en el segundo semestre de 2024 a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El informe de la Contraloría delegada para el Sector Agropecuario, que evaluó la gestión de la ANT entre 2022 y abril de 2024, reveló 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 presunto alcance fiscal. Además, se ordenó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio debido a inconsistencias en la información suministrada por la entidad.
Entre los principales hallazgos se encuentran: Predios comprados con suelos inadecuados.
Se identificó la adquisición de terrenos en diversas regiones cuya composición del suelo no es apta para la producción agropecuaria. En varios casos, más del 50% del área corresponde a suelos de clase VII, que presentan severas limitaciones para cultivos y ganadería. Esto contraviene la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíben la compra de predios con más del 20% de su extensión en suelos de clase VII y VIII.
Además, algunos terrenos adquiridos contienen humedales en un 30% de su superficie, lo que agrava su inviabilidad para proyectos productivos. Estas compras representan un posible perjuicio de $43.306 millones.
El informe evidenció que varios predios adquiridos para beneficiar a comunidades campesinas han sido invadidos, debido a la falta de control y custodia por parte de la ANT. Esta situación genera un detrimento patrimonial estimado en $5.646 millones, además de un impacto negativo en el ordenamiento social de la propiedad.
La auditoría encontró que la ANT ha sido ineficiente en la entrega de tierras a las comunidades campesinas y étnicas. De los 205 predios ingresados al Fondo de Tierras, solo el 18,5% han sido formalmente transferidos.
12,2% han sido entregados a población campesina
5,3% a comunidades indígenas
1% a comunidades negras
Esta demora obstaculiza el desarrollo rural, encarece el mantenimiento de los predios y afecta el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz, generando un presunto detrimento de $110.322 millones.
La Contraloría advirtió que estas irregularidades afectan gravemente la eficacia de la Reforma Rural Integral y la destinación adecuada de los recursos públicos, por lo que instó a las autoridades competentes a tomar las acciones necesarias para corregir estas fallas y garantizar que las tierras adquiridas sean entregadas y utilizadas de manera efectiva por las comunidades beneficiarias.
