
Durante visita de seguimiento realizada al derrumbe de la vía Bogotá – Villavicencio, que impiden el flujo vehicular en esta zona del país, la Contraloría General de la República hizo un llamado al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para que se desarrolle prontamente la estructuración de una concesión vial para la adecuación del primer tramo de esta vía e invitó a estas entidades a realizar las gestiones necesarias para la consecución de los recursos necesarios para las obras de contención de dicho derrumbe.
Cabe resaltar que, gracias a los contratos de concesión suscritos por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI con COVIANDES y COVIANDINA, entre Cáqueza y Villavicencio (Tercios 2 y 3) se tiene ya en servicio una doble calzada de 52 km de longitud y excelentes especificaciones técnicas. Hay que aclarar que en el primer tercio, entre Usme y Cáqueza, que tiene una longitud de 34 km, la obligación del concesionario es, hasta el día de hoy, la de operación y mantenimiento, y así lo ha sido desde el primer contrato de concesión suscrito con COVIANDES.
Resulta muy preocupante para la Contraloría General que eventos críticos sucedidos a lo largo del primer tercio (Bogotá-Cáqueza), tales como el reciente y voluminoso derrumbe del km 18 (200.000 M3), impidan que haya flujo vehicular adecuado y permanente entre Bogotá, Villavicencio y Yopal, dado que la Nación, a través de la ANI, y entre los años 1994 a 2024, ha realizado inversiones por más de $ 11 billones en el corredor vial concesionado BogotáCáqueza-Villavicencio-Yopal,
Por esta lamentable situación, la Contraloría invita al Ministerio de Transporte y a la ANI para que prontamente se estructure una concesión vial que se encargue de financiar, construir, operar y mantener las obras requeridas para la adecuación del primer tercio de la Vía Bogotá-Villavicencio (34 km) y la solución de los casi 60 puntos críticos de alto riesgo existentes a lo largo de la misma. Todo esto para que se garantice un tráfico vehicular adecuado y permanente entre los 338 km que tiene el corredor vial entre Bogotá y Yopal, y que se hagan útiles las cuantiosas inversiones ya realizadas, evitando así los muy perjudiciales cierres para el Llano y la Orinoquía que se vienen presentando en esta vía desde el año 2018.
Conforme a lo informado por la ANI a la Contraloría, el derrumbe del km 18 es un evento imprevisible e irresistible que, en principio, excede las obligaciones contractuales del concesionario, dado su origen, el cuantioso volumen y la severa afectación producida al entorno, por lo que, informa la ANI, se ha hecho necesario que la Nación aporte recursos para su adecuada solución. Sin embargo, invita también el órgano de control al Ministerio de Transporte y a la ANI, para que prontamente definan nuevas fuentes de recursos que permitan adicionar los a $ 9.134 millones ya apropiados para las obras de remoción, contención y estabilización de dicho derrumbe que, sin duda, resultarán insuficientes para dicho propósito.
Por último, la Contraloría General llama la atención sobre la importancia estratégica para el país del Corredor Vial Bogotá-Villavicencio-Yopal, que representa la indispensable conexión entre el centro del país, los Llanos Orientales y la Orinoquía, y que ya es la región más promisoria en materia del desarrollo agroindustrial y de producción de alimentos, durante el presente siglo. De otra parte, no podemos olvidar que los cierres frecuentes de esta vía, le han ocasionado daños y perjuicios a los Departamentos del Meta y Casanare desde el año 2018, que han sido estimados en no menos de $ 1,50 billones de pesos.



