La Corte Constitucional inició la revisión del decreto 0639 de 2025, con el cual el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular sobre temas laborales. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez determinó que el alto tribunal tiene competencia para hacer un control previo del acto presidencial, sin interferir en los procesos que ya cursa el Consejo de Estado.
La Corte solicitó al Senado y a la Presidencia las actas y documentos relacionados con la negativa del concepto previo para la consulta. Además, pidió opiniones a expertos, exmagistrados y entidades jurídicas. Aclaró que este trámite es independiente a la posible derogatoria del decreto, anunciada por Petro tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.
El magistrado Ibáñez negó la solicitud del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de trasladar las demandas del Consejo de Estado a la Corte. El proceso continuará su curso en ambas jurisdicciones, sin conflicto de competencias.
