
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 1390 de 2025, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia.
El magistrado Carlos Camargo explicó que el Gobierno vulneró los principios democráticos y de separación de poderes al expedir esta normativa. Según la Corte, siete de los ocho hechos invocados por el Ejecutivo no acreditaron el carácter sobreviniente, extraordinario e impredecible que exige la Constitución.
En rueda de prensa, el magistrado Camargo señaló que la mayoría de las circunstancias alegadas corresponden a situaciones estructurales, existentes y predecibles, que debían ser atendidas a través de los mecanismos ordinarios de política pública fiscal y presupuestal.
El alto tribunal reiteró que el principio de separación de poderes, consagrado en el artículo 113 de la Constitución, es una garantía esencial del Estado social de derecho y de la democracia, y que cada órgano del Estado ejerce competencias específicas que deben ser respetadas.
La Corte también destacó que la cláusula general de competencias del legislador en materia tributaria y presupuestal es una expresión clara del principio democrático, por lo que las decisiones del Congreso en estos ámbitos gozan de plena legitimidad constitucional.
El magistrado concluyó que el decreto 1390 de 2025 vulneró los principios democráticos y de separación de poderes, en la medida en que el Gobierno nacional se apropió de competencias de otras ramas del poder público sin cumplir los requisitos constitucionales que habilitan un estado de excepción.



