
La Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, ambos reelegidos en las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ungrd.

La Sala de Instrucción del alto tribunal también acusó por el delito de cohecho impropio a Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, quienes seguirán en libertad. La investigación señala que estos congresistas, en 2023, habrían aceptado dádivas del Ministerio de Hacienda a cambio de dar su aval a operaciones de crédito.
Según el comunicado de la Corte, la contraprestación para los legisladores habría sido el impulso de contratos de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Este escándalo sacude el Congreso justo cuando se debate la transparencia del sistema electoral colombiano. Paradójicamente, Manzur y Manrique fueron reelegidos en los comicios que, según misiones internacionales de observación, destacaron por su legitimidad y solidez.
De hecho, más de 400 observadores internacionales, entre ellos IDEA Internacional y la Unión Europea, respaldaron la jornada electoral. Sin embargo, este caso de corrupción suma presión sobre la clase política, en medio de las advertencias del registrador Hernán Penagos. «No es justo que la democracia en Colombia nos cueste tanto, que haya tanta hostilidad para elegir gobernantes, para elegir un Congreso de la República…»
Penagos ha denunciado una ola de desinformación contra la institucionalidad, justo cuando la Procuraduría también abrió investigación a cuatro jurados de votación en Barranquilla por inconsistencias en el conteo de votos, con diferencias de más de 200 sufragios en una misma mesa.
Dos caras de la misma moneda: mientras el sistema electoral es avalado internacionalmente, los escándalos de corrupción y las investigaciones por presuntas irregularidades en mesas de votación ponen en tela de juicio la confianza ciudadana.
La decisión de la Corte Suprema contra los congresistas ya fue comunicada y, una vez ejecutoriada, pasará a la Sala Especial de Primera Instancia. Por ahora, Manzur y Manrique deberán enfrentar el proceso privados de la libertad.



