El sistema de salud en Colombia enfrenta una crisis sin precedentes. Un informe del centro de pensamiento ANIF revela que el sector acumula un déficit de $19,8 billones en los últimos tres años, lo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad del servicio y ha generado alertas sobre un inminente apagón financiero.
Según el análisis, este déficit responde a problemas estructurales como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), el crecimiento de la demanda en los servicios de salud y un presupuesto que no cubre las necesidades del sistema. A pesar de que el Ministerio de Salud sostiene que la UPC ha sido suficiente, las cifras reflejan un panorama opuesto.
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han advertido que el hueco financiero que enfrentan les impide garantizar la prestación de servicios por mucho tiempo más. Argumentan que la UPC no ha reconocido adecuadamente el envejecimiento de la población, el incremento en la utilización del sistema y la mayor siniestralidad. En 2024, la insuficiencia en la UPC asciende a $8 billones y la falta de recursos en los presupuestos máximos es de $1,9 billones, según ANIF.
Además, el informe destaca que las cinco EPS más grandes han visto una reducción dramática en su patrimonio. Entidades como Sanitas pasaron de tener un capital de $300.000 millones en 2019 a reportar cifras negativas de -$100.000 millones en 2023. Para el primer semestre de 2024, varias EPS han declarado patrimonios nulos, lo que ha llevado a la Superintendencia de Salud a intervenir en varias de ellas.
Las consecuencias para los ciudadanos son evidentes. Según cifras de la Corte Constitucional, en 2024 se presentaron 903.000 tutelas relacionadas con problemas en la atención en salud, lo que demuestra un deterioro en el acceso a citas y procedimientos. Ante esto, la Corte ordenó un reajuste de la UPC para 2024 y 2025, señalando su insuficiencia para cubrir las necesidades del sistema. Sin embargo, el Gobierno ha demorado en implementar estas modificaciones.
A la crisis financiera del sector se suman denuncias sobre el manejo de recursos. El representante a la Cámara, Andrés Forero, ha alertado sobre la falta de transparencia en el uso de $1,3 billones destinados a hospitales públicos para la implementación de Equipos Básicos de Salud (EBS). De los $2,1 billones asignados al programa, solo se conoce el destino del 20% de los recursos girados.
La Contraloría General de la Nación también ha identificado irregularidades en la gestión de $11 billones, abriendo 522 procesos y registrando 871 hallazgos administrativos, de los cuales 182 tienen presunta incidencia fiscal por $181.049 millones. A pesar de esto, el ente de control ha logrado recuperar $185.080 millones mediante cobros coactivos y otros mecanismos.
En medio de esta crisis, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha manifestado su preocupación por la reforma a la salud promovida por el Gobierno. Según sus estimaciones, en los próximos 10 años el sistema podría presentar un déficit de $141,4 billones, mientras que el Ministerio de Salud proyecta un superávit de $21,8 billones, lo que evidencia una diferencia de $163 billones en las proyecciones.
La falta de recursos, la deficiente gestión gubernamental y las crecientes necesidades del sistema han puesto al sector salud en una situación crítica. Sin soluciones efectivas y urgentes, el colapso financiero del sistema podría traducirse en una crisis humanitaria para millones de colombianos que dependen del servicio.
