El representante electo a la Cámara por el Meta, Darwin Castellanos, participó como panelista en el Primer Conversatorio de Libertad Religiosa, organizado por la Alcaldía de Villavicencio a través de la Secretaría de Gobierno, escenario en el que presentó las principales iniciativas que promoverá desde el Congreso de la República para fortalecer el ejercicio de la libertad religiosa en el país.
Durante su intervención, Castellanos anunció que una de sus prioridades será ejercer control político al Ministerio del Interior, con el propósito de evaluar los resultados de la Política Pública Nacional de Libertad Religiosa y verificar su implementación en los departamentos y municipios.
El congresista electo señaló que, aunque Colombia cuenta con una política pública nacional en esta materia, es fundamental que las administraciones territoriales desarrollen acciones concretas para garantizar la participación activa de las organizaciones religiosas y generar espacios que les permitan desarrollar sus labores de fe y de servicio social en las comunidades.
Asimismo, manifestó su intención de impulsar el fortalecimiento del Banco de Iniciativas Interreligiosas, para que iglesias, entidades religiosas y fundaciones legalmente constituidas puedan acceder a recursos del Gobierno Nacional que permitan financiar proyectos sociales en beneficio de las poblaciones más vulnerables.
Dentro de su agenda legislativa también destacó la defensa del artículo 19 de la Constitución Política, que consagra el derecho a la libertad de cultos, con el fin de garantizar que los líderes religiosos puedan ejercer su labor sin restricciones, persecuciones o afectaciones de carácter administrativo en los diferentes municipios del Meta y del país.
Finalmente, Darwin Castellanos anunció que promoverá la gestión de cooperación internacional para apoyar iniciativas sociales lideradas por organizaciones religiosas y fortalecer las mesas de diálogo en los territorios, como mecanismos para avanzar en la implementación efectiva de la política pública de libertad religiosa y consolidar espacios de participación entre el Estado y las comunidades de fe.
