
El presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional.
El mandatario aseguró que la medida cumple una de sus promesas de campaña y sostuvo que durante años se restringió a los ciudadanos que cumplen la ley, mientras los grupos criminales continuaron armándose de manera ilegal.
En un mensaje divulgado en redes sociales, De La Espriella señaló que entre el primero de enero y el 3 de septiembre de este año, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
Según las cifras entregadas por el mandatario, 980 armas estarían vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. También mencionó la incautación de fusiles y morteros asociados a las disidencias.
El presidente aclaró que el decreto no significa que se autorice el porte indiscriminado de armas. Los ciudadanos deberán mantener los requisitos, permisos y controles establecidos por las autoridades competentes.
La norma establece que los permisos individuales de porte que se encuentren vigentes recuperan su eficacia, siempre que no tengan suspensión individual, cancelación, revocatoria, vencimiento o alguna prohibición legal o judicial.
Además, los titulares de permisos vigentes no tendrán que tramitar una autorización especial adicional para ejercer las facultades derivadas de dichos permisos.
El decreto también precisa que la medida no crea nuevos derechos ni modifica los requisitos y restricciones establecidos en el Decreto Ley 2535 de 1993 y demás normas aplicables.
Por lo tanto, no podrán portar armas quienes tengan permisos vencidos, suspendidos individualmente, cancelados o revocados, ni cuando exista una medida judicial o administrativa que lo impida. Tampoco se habilita el porte cuando el permiso autoriza únicamente la tenencia del arma.
El Gobierno sostiene que la medida busca garantizar el ejercicio de los permisos legalmente vigentes, mientras mantiene la persecución contra el porte ilegal de armas y las estructuras criminales.



