
El paro nacional arrocero cumple una semana sin que el Gobierno Nacional ofrezca soluciones concretas a las demandas de los productores, quienes exigen medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sector. Los arroceros, agotadas las instancias de diálogo con el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), decidieron tomar las calles para visibilizar una crisis que amenaza con llevar a la quiebra a miles de familias que dependen de este cultivo.
La producción de arroz en Colombia, concentrada en departamentos como Meta, Casanare, Huila, Tolima y Norte de Santander, genera 3,38 millones de toneladas anuales y sustenta directamente a 20.000 familias, mientras que indirectamente beneficia a 380.000 más. Sin embargo, el sector enfrenta una grave crisis debido a la caída de los precios, el aumento desmedido de las importaciones y las prácticas del duopolio molinero conformado por la Organización Roa Florhuila y Grupo Diana, que controlan el 85% del mercado de arroz empaquetado.
El problema se agudizó con la reducción unilateral del precio de compra de la cosecha de mitaca, impuesta por el duopolio molinero bajo el argumento de un supuesto sobreabastecimiento. Esta situación se ha visto exacerbada por el incremento de las importaciones de arroz paddy y blanco, que en 2024 alcanzaron 279.400 y 195.000 toneladas métricas, respectivamente, representando un aumento del 58% y 56% frente a 2023. Estados Unidos, Ecuador y Perú son los principales proveedores, con EE.UU. concentrando el 60% de las importaciones.
Los precios del arroz han caído más del 25% desde diciembre de 2024, llegando a menos de 185.000 por carga en Tolima, Huila y Norte de Santander, y por debajo de185.000 por carga en Tolima, Huila y Norte de Santander, y por debajo de175.000 en el Meta y Casanare. Estas cifras contrastan con los altos precios que los consumidores pagan por el arroz blanco en los supermercados, lo que evidencia una desigualdad en la cadena de valor que perjudica a los productores.
Los productores han presentado al Gobierno del presidente Gustavo Petro una serie de peticiones, entre las que destacan: Ajuste del precio de la carga a un mínimo de $220.000. Soluciones a las deudas y reportes crediticios. Salvaguardias frente a los tratados de libre comercio. Medidas para enfrentar la crisis fitosanitaria en la región del Zulia. Investigación a la industria molinera por posibles prácticas abusivas. Revisión de costos fiscales y la tasa por uso del agua. Y Protección especial para cultivos de rotación como maíz, soya y algodón.
Estas demandas están respaldadas por los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución, que garantizan el apoyo estatal al sector agrícola. Sin embargo, las mesas de negociación avanzan lentamente debido a la falta de conocimiento del sector por parte de los funcionarios gubernamentales.
El Gobierno eliminó el incentivo al almacenamiento, una conquista histórica de los arroceros desde la era de Ernesto Samper, y ha ofrecido apenas 10.000 millones para compensar las pérdidas, lo que equivale a menos de10.000 millones para compensar las pérdidas, lo que equivale a menos de 2.000 por carga, cuando el déficit supera los $20.000 por carga. Esta falta de compromiso ha dejado a los productores en una situación insostenible, obligándolos a recurrir a créditos no bancarios con altos intereses para mantener sus cultivos.
Mientras el Gobierno mantiene una postura intransigente, los arroceros insisten en que el paro es su única herramienta para ser escuchados. «Estamos más quebrados que tabaco en bolsillo de atrás», expresó un productor del Meta, resumiendo la desesperación de un sector que lucha por su supervivencia.
La crisis del arroz en Colombia no es solo un problema económico, sino una muestra de la falta de voluntad política para proteger a los agricultores y garantizar la soberanía alimentaria del país. Sin soluciones concretas, el paro continuará y con él, el riesgo de que miles de familias pierdan su sustento.



