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Exfuncionario de Cancillería, señalado de prevaricato por revocar una licitación y adjudicar contrato de pasaportes a dedo.

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación dio un paso clave en la investigación por el millonario contrato de pasaportes. Imputó cargos al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato que supera los 559 mil millones de pesos.

Los delitos imputados son graves: prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Según el ente acusador, Salazar Ramírez habría excedido sus funciones al expedir tres resoluciones, el 26 de febrero de 2024, con las que revivió un proceso de licitación que ya estaba declarado desierto y terminó adjudicándoselo al único proponente.

La investigación revela que el entonces secretario general no tenía autonomía para reabrir contratos ya cerrados, pues sus funciones eran meramente administrativas y de coordinación. Con esas resoluciones 1394, 1395 y 1396, dio vía libre a la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta julio de 2026.

La Fiscalía también encontró un presunto enriquecimiento injustificado: durante su paso por el cargo, entre agosto de 2022 y febrero de 2024, Salazar Ramírez habría comprado un predio rural en Puerto López, Meta, por 950 millones de pesos. Sin embargo, en su declaración jurada no aparecen transferencias, créditos ni soportes bancarios que justifiquen esa adquisición.

Por estos hechos, el exfuncionario deberá responder ante la justicia. La imputación de cargos es el primer paso de un proceso que podría derivar en juicio, mientras las autoridades continúan recolectando pruebas para determinar si hubo un direccionamiento ilícito del contrato más grande de la Cancillería.

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