Duro revés judicial para el presidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado le acaba de dar la razón al empresario español Joseba Grajales, dueño de la EPS Sanitas, y ha emitido un fallo que obliga al presidente a rectificar los señalamientos que hizo en su contra.
La decisión es contundente: el Consejo de Estado ampara los derechos a la honra y buen nombre del empresario y ordena a Petro a retractarse en su inmediata y siguiente alocución presidencial.
El Alto Tribunal determinó que el primer mandatario se extralimitó en su libertad de expresión cuando, en una alocución el pasado 15 de julio, calificó al dueño de Keralty como «criminal» por la supuesta financiación de campañas políticas, y además afirmó que «debe irse» del país.
El Consejo de Estado le recordó al presidente que sus opiniones deben estar soportadas con una «mínima carga de diligencia» y que el uso de calificativos como «criminal» no se justifican sin una decisión o providencia judicial que lo respalde.
Este fallo se suma al dictamen reciente de la Corte Constitucional que declaró arbitraria la intervención que la Supersalud había hecho en Sanitas, marcando así una doble victoria judicial de la EPS contra las acciones del Gobierno. El presidente Gustavo Petro está obligado a rectificar en los términos del fallo.
