El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ha ordenado una compensación económica a favor de una familia que fue forzada a abandonar su predio en Puerto Alvira, Mapiripán, hace 27 años
Esta decisión es un paso crucial hacia la reparación integral. Así lo celebró Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en el Meta, quien afirmó que esta sentencia «dignifica a las víctimas de Puerto Alvira y Mapiripán, territorios profundamente golpeados por el conflicto».
La dolorosa historia de esta familia se remonta a 1996, cuando adquirieron un terreno en el centro de Puerto Alvira. Vivieron allí hasta marzo de 1998, cuando la incursión de la guerrilla de las Farc los obligó a desplazarse. El detonante fue un acto valiente del jefe de hogar, quien entregó un fusil abandonado a la Fuerza Pública, lo que provocó que la guerrilla lo señalara como objetivo militar. La situación se agravó aún más con el asesinato de su hermano, un líder social que se negó a seguir abasteciendo a los insurgentes.
Amenazas directas los obligaron a huir hacia Villavicencio y luego a San Martín, buscando seguridad. El juez, ante el sufrimiento acumulado y la imposibilidad de regresar a su tierra, concluyó que la familia perdió el arraigo con su predio, por lo que ordenó esta justa compensación.
La justicia ha ordenado al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC, que realice el avalúo catastral del inmueble. El predio pasará a ser administrado por el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que realizará la compensación económica a los beneficiarios. Además, se insta a otras instituciones del Estado a brindar toda su oferta para garantizar la reparación integral de esta familia.
