
A pocos días de las elecciones legislativas y en la antesala de la primera vuelta presidencial, la Fiscalía General de la Nación ya tiene listo su plan de blindaje democrático. A través de la resolución 0047 de febrero de 2026, se definió una estrategia transitoria para investigar y judicializar los delitos que puedan empañar las jornadas del 8 de marzo y el 31 de mayo.
La Fiscalía elaboró un mapa de riesgo electoral que permite identificar, región por región, los fenómenos delictivos más probables, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta del Estado y las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Esto permitirá priorizar esfuerzos en las zonas más críticas.
Se vigilará de cerca la posible injerencia de grupos armados ilegales y se mantendrán rutas de comunicación permanentes con entidades como la Defensoría del Pueblo y la Registraduría. Se creará un Observatorio de Financiación Electoral para verificar violación de topes, gastos de campaña y el origen de los recursos.
La Fiscalía trabajará de la mano con la Oficina de la ONU para Derechos Humanos, con el fin de obtener detalles sobre cualquier conducta que afecte la vida, integridad y libertad de los líderes que participan en el proceso.
Los días de votación, la Fiscalía dispondrá de puntos de recepción de denuncias en lugares de alta afluencia de votantes y en zonas sin presencia física de la entidad. Estas quejas se articularán con la Unidad Uriel del Ministerio del Interior y serán atendidas por fiscales y equipos especializados de policía judicial, con disponibilidad exclusiva en el Nivel Central y en las 35 seccionales del país.
La Fiscalía habilitó un micrositio en su página web: www.fiscalia.gov.co. Allí encontrará los canales de denuncia, la lista de los 16 delitos electorales, el mapa de riesgo y todo lo que debe saber para que su voto no sea vulnerado.



