
La Fiscalía puso en evidencia una estructura criminal que habría lavado más de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico entre 2018 y 2026, a través de empresas y criptoactivos.
El entramado incluía nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, intermediación cambiaria y servicios financieros. Varias empresas carecían de capacidad operativa y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y movimientos bancarios.



También usaban transferencias millonarias en la moneda digital USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes sancionados por la OFAC. El dinero ingresaba, se monetizaba y se invertía en inmuebles y vehículos de alta gama.
En operaciones del CTI y la Policía, con apoyo de la DEA, fueron capturadas cinco personas en Medellín y Barranquilla, entre ellas el presunto cabecilla Hugo Daniel Giraldo Santamaría. Se incautaron seis armas de fuego. Además, tres inmuebles fueron ocupados con fines de comiso y se decretaron medidas cautelares sobre otros 36 bienes avaluados en más de 10,2 millones de dólares.



