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Fiscalía formalizará imputación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por financiación ilegal de campaña de Petro y tráfico de influencias.

Después de meses de investigación, la fiscalía general de la Nación anunció este lunes que radicará formalmente la solicitud de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta responsabilidad en dos escándalos separados: la financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y un posible caso de tráfico de influencias en la petrolera estatal.
El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas, confirmó que el ente acusador dará este paso procesal clave, que marca el inicio formal del juicio penal contra Roa.
La imputación en materia electoral es, en buena medida, la consecuencia penal de una sanción administrativa ya firme. En noviembre pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) multó a Roa, en su calidad de gerente de la campaña «Petro presidente», con $5.922 millones por rebasar los topes de financiación en más de $3.042 millones entre primera y segunda vuelta.
El CNE determinó que Roa era el «dueño del bolígrafo» con control absoluto sobre los gastos. La campaña operó con $2.109 millones de origen vetado o no declarado, provenientes de entidades como Fecode ($500 millones), la Unión Sindical Obrera (USO) e Ingenial Media. Además, se ocultaron gastos por $3.698 millones, incluyendo pauta en Caracol Televisión y el evento del Movistar Arena.
Pese a que el CNE compulsó copias a la Fiscalía, la acción penal se demoró meses. El fiscal González Flechas aseguró que ahora existen pruebas «contundentes». Aclaró que, por ahora, no se solicitará medida de aseguramiento contra Roa ni se proyectan acciones contra el presidente Petro.
El segundo frente de imputación gira en torno a una investigación por tráfico de influencias. La Fiscalía busca establecer si Roa utilizó su posición en Ecopetrol para beneficiar a Juan Guillermo Mancera, quien participó en la compra de su apartamento en Bogotá en diciembre de 2022, poco antes de que Roa asumiera la presidencia de la petrolera en abril de 2023.
La sospecha, ya adelantada por investigaciones periodísticas, es que este negocio inmobiliario pudo funcionar como un «peaje» para que, una vez en el cargo, Roa favoreciera a Mancera o a sus socios. De hecho, en marzo de 2024, una empresa vinculada al inversionista Serafino Iacono (dueño original del apartamento) obtuvo derechos de exploración sobre el estratégico bloque Sinú 9.
Frente al anuncio, la defensa del presidente de Ecopetrol, a cargo del abogado Juan David León Quiroga, salió al paso afirmando que no han sido notificados formalmente por la Fiscalía. León advirtió que solo reconocerán una citación hecha por los «canales institucionales legalmente establecidos» y no a través de medios de comunicación, y afirmó que avanzan en la recolección de sus propias pruebas para la defensa.
Con estas imputaciones, Ricardo Roa, una de las figuras más cercanas al presidente Petro, se enfrenta a los tribunales penales en dos procesos de alto impacto político, que ponen bajo escrutinio tanto la financiación de la campaña que llevó a la presidencia al actual mandatario, como las prácticas en la cúpula de la empresa más importante del país.

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