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Fuerza Pública reporta balance histórico en el primer mes de Gobierno y se formaliza el fin de los diálogos de paz.

Al cumplir 31 días de mandato, el Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella presentó un balance operacional de la Fuerza Pública calificado por las autoridades como «sin precedentes» para un inicio de período presidencial. Las acciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional arrojan la captura de cerca de 15.000 presuntos delincuentes, la neutralización de 23 cabecillas y la incautación de aproximadamente 50 toneladas de narcóticos.

La ofensiva, desarrollada desde el pasado 7 de agosto, se da en el marco de un giro operativo y político en el que el Jefe de Estado dio por terminadas formalmente las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas heredadas de la administración anterior. «La farsa de la paz total terminó para siempre. No habrá un solo lugar de la geografía donde la República renuncie a ejercer su autoridad», enfatizó el Mandatario durante un acto institucional.

Entre los resultados destacados figuran tres operaciones especiales de alta precisión desplegadas tras labores de inteligencia previa: la Operación Beta contra el ELN en el Catatumbo, la Operación Amón contra campamentos de alias ‘Calarcá’ en Guaviare, y la Operación Azarías dirigida a la estructura de alias ‘Iván Mordisco’ en esa misma región, catalogada por los mandos militares como uno de los golpes más significativos al narcoterrorismo en la última década.

En el transcurso de las operaciones fueron abatidos presuntos jefes criminales como alias ‘Bendito Menor’ (Autodefensas Conquistadores de la Sierra), alias ‘Max Max’ (principal explosivista de las disidencias de ‘Iván Mordisco’), alias ‘Momo’ (Clan del Golfo) y alias ‘Tigre’ (frente Carolina Ramírez). Asimismo, se reportó la captura de alias ‘Bonito’ (Comandos de Frontera), alias ‘Claudia’ o ‘La India’ (finanzas de disidencias), alias ‘Nando’ (Los Costeños) y alias ‘Chico Boom’ (vinculado a atentados y extorsiones en el Caribe).

En materia de lucha contra el secuestro, las autoridades lograron el rescate del comerciante José Luis Martínez Jaimes, retido durante 11 meses, y la recuperación de una menor de edad que se encontraba en poder del frente 39 de las disidencias.

El reporte oficial incluye la erradicación de más de 1.300 hectáreas de cultivos de coca, el decomiso de casi 1.500 armas de fuego, decenas de toneladas de explosivos y el aseguramiento de artefactos como drones de uso hostil. A nivel marítimo y fluvial, la Armada Nacional interceptó 2,3 toneladas de cocaína en una sola operación, sumado a la destrucción de laboratorios en Cauca y el decomiso de 15 toneladas de precursores químicos en Guaviare.

En la estrategia de contención del delito desde los centros de reclusión, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a cientos de reclusos considerados de alta peligrosidad, destacando el movimiento de 111 internos de la cárcel de Itagüí y 59 reclusos de establecimientos en Barranquilla hacia otros puntos del país. En el ámbito de cooperación internacional, el Gobierno confirmó la firma de 52 órdenes de extradición.

De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Defensa —que comparan el periodo del 7 de agosto al 3 de septiembre de 2026 con el mismo lapso de 2022—, varios de los principales indicadores de criminalidad registraron variaciones a la baja: Hurto al comercio: -80 %. Contrabando: -79 %. Confinamientos: -74 %. Masacres: -57 %. Hurto a residencias: -56 %. Hurto a personas: -49 %. Extorsión: -46 %. Secuestro: -25 %. Homicidio intencional: -0,4 %

Fuentes de la Fuerza Pública atribuyeron la dinamización de las operaciones al respaldo explícito emitido por la Presidencia de la República y al restablecimiento del principio de autoridad. En sus pronunciamientos, el Presidente De La Espriella ha reiterado que los grupos al margen de la ley solo tienen dos opciones: el sometimiento a la justicia o el enfrentamiento con la fuerza del Estado.

El Mandatario advirtió además que ningún funcionario ni particular cuenta con autorización para establecer contactos con organizaciones armadas al margen de la ley, disponiendo que las autoridades judiciales procedan a reactivar las órdenes de captura y expedientes pendientes contra los integrantes de dichas estructuras.

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