
Ante las dudas sembradas por la campaña de la izquierda y el anuncio de la impugnación de 33 mil mesas, la Registraduría Nacional y la Procuraduría General salieron al paso para dar un parte de absoluta tranquilidad sobre la legalidad de las elecciones.
El registrador nacional, Hernán Penagos, fue enfático en explicar cómo blindar el proceso. Aclaró que los jueces de la República realizan el escrutinio basándose única y exclusivamente en las actas físicas «E-Catorce» de claveros, y no con las imágenes o la digitalización rápida del domingo. Por ende, la masiva presencia de testigos de ambos bandos garantiza que se puedan contrastar todas las cifras sin dar margen al fraude.
A este llamado a la calma se sumó el procurador general, Gregorio Eljach, quien le pidió a la clase política madurez y seriedad frente al veredicto popular, sentenciando que: «En democracia se gana o no se gana» y que la palabra final la tendrán los escrutinios.
Una voz de respaldo técnico que se suma al parte de normalidad de los veedores internacionales de la OEA y la Unión Europea.



