La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 93 meses de prisión (7 años y 9 meses) contra Hecson Alexys Benito Castro, actual gobernador del Vichada, por el delito de peculado por apropiación. La sentencia se relaciona con hechos ocurridos entre 2012 y 2015, cuando Benito Castro se desempeñaba como alcalde del municipio de Santa Rosalía.
La investigación judicial determinó que Benito Castro incurrió en irregularidades en la ejecución del contrato N° 164 de 2012, cuyo valor ascendía a $13.719.876,87 y estaba destinado a la construcción de un puente sobre el Río Güichire. Aunque la obra fue realizada, la justicia estableció que el contratista cobró los recursos asignados sin haber ejecutado la construcción.
Junto con Benito Castro, su entonces secretario de Planeación, José Aureliano Rodríguez Catimay, también fue condenado a 93 meses de prisión, mientras que Wilfredo Castillo Tovar, el contratista implicado, recibió una pena de cuatro años de cárcel. Además de la pena de prisión, Benito Castro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena y deberá pagar una multa equivalente al valor del contrato.
Un proceso judicial de varios años
El caso tuvo un largo recorrido en los tribunales. Inicialmente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño había absuelto a Benito Castro por considerar que existían dudas probatorias. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión, argumentando que las pruebas eran suficientes para demostrar el delito de peculado por apropiación.
En segunda instancia, el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la absolución y condenó a Benito Castro y los demás implicados. Posteriormente, el gobernador presentó un recurso de doble conformidad ante la Corte Suprema de Justicia, con la esperanza de anular el fallo. No obstante, la Corte ratificó la condena, cerrando el proceso judicial en su contra.
Gobernador en funciones pese a la condena
A pesar de la sentencia en su contra, Benito Castro logró asumir el cargo de gobernador del Vichada el 1 de enero de 2024. Esto fue posible debido a que, hasta el momento, no se había emitido una orden de captura en su contra.
La situación ha generado controversia, ya que algunos sectores políticos y ciudadanos cuestionan cómo un funcionario con una condena confirmada pudo llegar al cargo. Con la ratificación de la Corte Suprema, se espera que en los próximos días se definan las medidas que se tomarán respecto a su permanencia en la gobernación.
