El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley de sometimiento de grupos ilegales, una pieza clave de la política de «Paz Total» del Gobierno Petro.
La iniciativa otorga beneficios jurídicos a miembros de grupos como el ELN, bandas criminales y jóvenes de la Primera Línea judicializados por protestas, con penas alternativas de 5 a 8 años para actores del conflicto, rebajas de hasta el 60% para otros grupos y un 70% para manifestantes, siempre con un mínimo de privación de la libertad.
Montealegre aseguró que no es un proyecto de impunidad, sino una mezcla de justicia transicional y restaurativa que prioriza la seguridad, el desarme y la reintegración, respetando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
Sin embargo, la propuesta ha generado controversia, con críticas de sectores que temen un debilitamiento del Estado de Derecho. El Congreso debatirá esta iniciativa en un clima político tenso.
