El Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, un nuevo marco jurídico para desmantelar estructuras criminales de alto impacto, cobijado en la prórroga de la Ley 418 de 1997, o Ley de Orden Público.
El presidente Abelardo De La Espriella celebró la decisión y afirmó: “¡Habemus Ley de Sometimiento!”. Además, señaló que “la falsa paz total llegó a su fin” y agradeció al Congreso por contribuir al fortalecimiento de la justicia y la seguridad del país.
La norma descarta reconocer estatus político a esas estructuras y no contempla mesas de negociación política con sus integrantes.
En materia de sanciones, fija penas mínimas de 10 años de prisión para los mandos de las organizaciones criminales; reducciones de hasta el 50 por ciento para integrantes de base y del 30 por ciento para cabecillas; y establece que las penas privativas de la libertad se cumplirán en establecimientos del INPEC.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, agradeció a congresistas, ponentes y sectores que participaron en la construcción y discusión del proyecto.
