
Nuevas y graves revelaciones en el escándalo que sacude al Ministerio de Defensa. La Fiscalía General confirmó que existió una alianza criminal entre altos mandos de esa cartera y directivos de la empresa Vertol Systems para direccionar «a dedo» el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17, valorado en más de 32 millones de dólares.
En el centro de las acusaciones del ente investigador aparece el exviceministro para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto. Según el fiscal del caso, Suárez aprovechó su poder jerárquico para ordenar verbalmente que la contratación se hiciera de forma directa y reservada con Vertol, ignorando que no existían los estudios técnicos ni jurídicos necesarios.
Para lograrlo, la Fiscalía señala que se habrían saltado todos los controles: descartaron un acuerdo Estado-Estado con el Gobierno de los Estados Unidos, presionaron a la Aerocivil para agilizar trámites a un taller privado socio del negocio, e incluso modificaron la forma de pago para entregarle a la contratista un anticipo sin justificación del 50 por ciento —unos 16 millones de dólares— que nunca terminaron devolviendo.
Por este millonario desfalco, la Fiscalía imputó siete delitos a los empresarios James Lester Montgomerie y Carlos Martín Uribe, e investiga en cadena a varios uniformados y asesores. El señalado «cerebro» de la operación, el exviceministro Suárez Soto, deberá responder en audiencia de imputación fijada para este 27 de julio.



