
El ente de control puso la lupa sobre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). La investigación busca determinar la responsabilidad de quienes fueron piezas clave en la entidad: el secretario general, Guillermo Martínez Daza, y los directores técnicos Enrique Ardila, Héctor Camelo, Luis José Azcárate y el coordinador Jaime Jiménez.
La mira está puesta en dos contratos específicos: uno para la atención al ciudadano y otro para el servicio postal. Según la Procuraduría, los contratistas no habrían cumplido con sus obligaciones, pero lo más grave se habrían girado pagos que, al parecer, no tienen justificación alguna.
El Ministerio Público ha ordenado la práctica de pruebas documentales para establecer si hubo una omisión en la vigilancia de estos dineros públicos, destinados originalmente a la población más vulnerable del país.



