La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro. La norma, según la dirigente, permitió incrementos significativos en los avalúos catastrales en todo el país.
Valencia sostiene que la disposición facilitó que el IGAC realizara ajustes masivos en los valores de predios urbanos y rurales, lo que se ha traducido en aumentos del impuesto predial para propietarios en distintas regiones. Algunos impuestos prediales aumentaron hasta en un 8 mil por ciento.
Esta situación ha generado jornadas de movilizaciones en todo el país. La semana pasada, campesinos bloquearon vías en Boyacá, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca y Santander. Este último departamento fue el punto más crítico, con pérdidas económicas de 120 mil millones de pesos diarios y protestas en al menos 16 municipios, entre ellos San Gil, Barichara y Lebrija.
La presión del campesinado obligó a instalar mesas de diálogo con el Gobierno Nacional, la Gobernación, el IGAC y líderes campesinos, pero la disputa sigue.
La senadora afirmó que desde el trámite del Plan Nacional de Desarrollo en 2023 ya había advertido sobre los efectos de este artículo. «Se convirtió en un cheque en blanco para disparar los avalúos catastrales sin los controles necesarios», dijo. La demanda busca que la Corte evalúe si la norma vulnera el debido proceso, la propiedad privada y los principios de equidad tributaria.
