En tercer debate, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que busca reformar la financiación de las universidades públicas. La iniciativa pasa ahora a su último debate en plenaria.
El cambio clave, que, de ser aprobado, revolucionaría la Ley 30 de 1992, es la sustitución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como base de cálculo del presupuesto por el Índice de Costos de la Educación Superior, o ICES.
Según el representante Hernando González, este cambio permitirá que los recursos aumenten de manera más acorde a los costos reales que tienen las instituciones para educar a un estudiante, permitiendo un crecimiento sostenible.
El objetivo principal es combatir la inequidad y aumentar la cobertura en el país. Representantes como Raúl Salamanca señalan que actualmente, cuatro de cada diez estudiantes que terminan bachillerato ingresan a la universidad, pero en zonas apartadas el número es mucho menor. La reforma busca garantizar que más de dos millones de colombianos que esperan una oportunidad puedan acceder a la educación.
Además de las universidades, esta reforma también incluye un nuevo esquema de financiación para las instituciones técnicas y tecnológicas del país, que hoy atienden a una parte importante de la matrícula pública. Ahora, la mirada se centra en el último debate en el Congreso para que esta nueva fórmula de financiación se convierta en ley de la República.
