
La tensión entre el Gobierno y el Congreso escaló a instancias internacionales. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, interpuso una queja ante la ONU, advirtiendo un ‘riesgo de ruptura constitucional’ por el posible decreto del presidente Petro para convocar una consulta popular laboral, después de que el Legislativo la rechazara el pasado 14 de mayo.
Cepeda, del Partido Conservador, aseguró que esta acción violaría el principio de separación de poderes y acusó al Gobierno de ignorar la decisión del Senado. Petro respondió con duras críticas, calificando al senador de ‘paria de la oligarquía’ y defendiendo el derecho del pueblo a decidir.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, planteó una salida: retirar la consulta si el Senado aprueba la reforma laboral en último debate. Sin embargo, Benedetti insistió en que el decreto presidencial está justificado por ‘vicios’ en la votación previa y que, de emitirse, sería revisado por la Corte Constitucional.
El conflicto profundiza la crisis política en Colombia, con el Ejecutivo y el Legislativo enfrascados en una batalla por los mecanismos de participación ciudadana y los límites del poder presidencial. La ONU, por ahora, no se ha pronunciado sobre la queja interpuesta.



