
El Ministerio Público ha lanzado un ultimátum a la Superintendencia de Salud. La Procuraduría General le dio apenas tres días hábiles a la superintendente Ad Hoc, Luz Marina Múnera, para que entregue un balance real sobre la intervención de la entidad.
La lupa está puesta sobre la prórroga de un año que se ordenó en abril de 2025. El ente de control quiere saber, con pruebas en mano, si la Nueva EPS ha cumplido con las órdenes para superar la crisis o si, por el contrario, persisten las fallas que motivaron su toma administrativa.
Puntos críticos: La Procuraduría no solo pide datos financieros. Está exigiendo informes mensuales detallados sobre: El estado técnico-científico y la atención a los pacientes. El pago de las cuentas médicas acumuladas. Y la modernización tecnológica de la EPS.
Lo más preocupante es que el Ministerio Público busca establecer si la Nueva EPS debe seguir intervenida o cómo quedará su administración ahora que se vencen los plazos legales. En 72 horas conoceremos si la gestión de la Supersalud ha dado resultados o si la incertidumbre para millones de colombianos continúa.



