La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Nidya Jazmín Andrade Forero, defensora de Familia del ICBF en el Centro Zonal de Yopal, Casanare, por presuntas omisiones en la protección de los derechos de dos menores de edad.
La investigación busca establecer si la funcionaria demoró injustificadamente la verificación de los derechos de los niños, luego de que el 31 de marzo de 2022 murieran su madre, su padre y uno de sus hermanos.
Según la Procuraduría, la defensora habría conocido la situación el primero de abril de ese año, pero la orden para verificar la garantía de derechos solo se habría emitido el 13 de junio, mientras que el proceso administrativo de restablecimiento de derechos habría comenzado el 22 de junio.
El Ministerio Público determinará si la funcionaria incumplió su obligación de actuar de manera inmediata o dentro del plazo máximo establecido para estos casos de posible vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La conducta fue calificada provisionalmente como una falta grave cometida a título de culpa grave. La formulación de cargos no constituye una decisión definitiva sobre su responsabilidad disciplinaria.
