La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para esclarecer presuntas irregularidades en un millonario contrato de brazaletes electrónicos de monitoreo para detenidos. El bilateral habría sido adjudicado en 2025 a la Unión Temporal Utefectiva, en medio de denuncias por posibles faltas disciplinarias de funcionarios de la USPEC y el INPEC.
De acuerdo con la queja presentada, el contrato se habría adjudicado de manera irregular, presuntamente a dedo, y con ocultamiento de fallas técnicas y operativas en el suministro de los dispositivos para el monitoreo de personas privadas de la libertad. A esto se suman pagos por cerca de 1.500 millones de pesos a la empresa Prepacol, que al parecer se habrían realizado sin que se cumpliera con lo contratado.
El ente de control también investiga posibles conflictos de interés con la firma interventora y la presunta manipulación de informes técnicos para ocultar las fallas en el servicio.
«El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas para identificar posibles responsables, verificar las supuestas irregularidades y determinar si estos hechos configuran faltas disciplinarias.»
La Procuraduría reiteró su compromiso de velar por la transparencia en la contratación estatal y proteger los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana. La investigación se encuentra en etapa preliminar mientras se recaudan las pruebas que permitan establecer responsabilidades en este caso que involucra millonarios recursos del sistema penitenciario y carcelario del país.
