La Procuraduría General de la Nación ha intervenido para evitar la suspensión del Programa de Alimentación Escolar, que podría afectar a más de tres millones y medio de niños y niñas en el país.
El ente de control organizó una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación y el de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) para encontrar una solución.
La Procuraduría expresó su preocupación por la falta de claridad y coordinación entre las entidades responsables del PAE. Como resultado, el DNP se comprometió a acelerar la revisión de proyectos que buscan financiar el programa con recursos de regalías, una medida clave para evitar la interrupción del servicio.
El Comité de Seguimiento del PAE de la Procuraduría continuará vigilando de cerca la situación, especialmente en las 14 entidades donde el servicio está en riesgo. También se investigarán a las entidades que han reducido sus aportes, incumpliendo la ley que busca garantizar la alimentación escolar durante todo el año académico.
