En un contundente desmentido, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, negó haber dado su aval para que la consulta interna del Pacto Histórico continúe, contradiciendo directamente las declaraciones del precandidato presidencial Daniel Quintero.
La aclaración se produce después de que Quintero, tras una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro y otros precandidatos, afirmara que había hablado con Penagos y que este le había informado que “la inscripción de los precandidatos sigue en firme”. Una versión que fue respaldada por el senador Iván Cepeda.
Frente a estas afirmaciones, el registrador Penagos fue enfático en diálogo con el diario El Tiempo: “No, de ninguna manera. No hemos hablado con nadie ni en lo personal, ni nadie del equipo de la Registraduría. Estamos concentrados haciendo la evaluación jurídica”.
Penagos precisó que el tema de la consulta se encuentra actualmente en revisión por parte de la Oficina Jurídica y la Registraduría delegada para Asuntos Electorales, y dejó claro que “ningún funcionario de la Registraduría dijo eso. Esto se resolve a alto nivel. Nadie, ni yo mucho menos he hablado con ningún integrante de esas organizaciones políticas”.
La polémica surge del fallo del Tribunal Superior de Bogotá que dejó sin efecto la medida cautelar que permitía la realización de la consulta. El tribunal consideró improcedente la acción de tutela que había dado vida inicialmente al mecanismo electoral.
El origen del problema fue la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de avalar la fusión de algunos partidos del Pacto Histórico (Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista), pero excluir a Colombia Humana y Progresistas debido a investigaciones pendientes en su contra. Esta exclusión fragmentaba la coalición y complicaba la realización de una consulta unificada, un escenario al que se retornó tras la última decisión judicial.
Con el desmentido del máximo responsable electoral, la viabilidad de la consulta interna del Pacto Histórico para el próximo 26 de octubre vuelve a un limbo jurídico, a la espera de la evaluación formal que realice la Registraduría.
