‘No acepto los cargos y me declaro inocente’. Con estas palabras, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, respondió ante el juez 35 penal municipal de Bogotá, tras la formalización de la imputación en su contra por presunta violación de topes electorales.
Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación destapó sus cartas más fuertes. Según el ente acusador, Roa, en su calidad de gerente de la campaña ‘Petro presidente 2022’, habría orquestado una estrategia contable para ocultar que se sobrepasaron los límites de gasto. El fiscal del caso detalló que solo en la primera vuelta, la campaña gastó más de 29 mil 900 millones de pesos, superando el tope legal por mil 388 millones.
La Fiscalía sostiene que hubo una ‘indebida imputación contable. Esto significa que gastos millonarios que ocurrieron en la primera vuelta habrían sido registrados en la segunda, presuntamente para evitar que la autoridad electoral detectara el exceso de dinero.
A pesar de los hallazgos presentados, que incluyen mil 193 millones de pesos en pagos no reportados o reportados parcialmente, Ricardo Roa se mantuvo firme en su posición de inocencia. El proceso ahora entra en una etapa definitiva que pone bajo la lupa no solo la gestión financiera del hoy presidente de Ecopetrol, sino la transparencia de la financiación de la actual administración nacional.
