
A través de la Circular Externa 100-002 de 2024 el Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió los lineamientos para que las entidades, organismos y órganos del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva nacional y territorial, intervenga los trámites que le están dificultando la vida a las ciudadanías.
La circular dirigida a los representantes legales, los insta a poner en marcha procesos de racionalización y estandarización que incluyan medidas relacionadas con costos, uso de la tecnología, reducción de tiempos, así como la eliminación de trámites y requisitos.
Los avances de la política de racionalización de trámites en las entidades serán verificado por Función Pública y consignado en el Informe de Actualización y Estandarización que exige la Ley 2052 de 2020.
Cifras de la simplificación de trámites: En 2023 la política de racionalización de trámites logró 710 acciones de racionalización que impactaron al 78% del país en 25 departamentos y a municipios como Hacarí (Norte de Santander), Puerto Lleras (Meta), Convención (Norte de Santander) Puerto Guzmán (Putumayo) y Tadó (Chocó), en los que Función Pública hizo presencia a través de su estrategia territorial.
De las acciones de racionalización 84 fueron ejecutadas por entidades nacionales y 626 por entes territoriales; de estás 294 correspondieron racionalizaciones de tipo administrativo, 78 normativas y 338 tecnológicas.
Las diferentes acciones que han realizado las entidades en materia de racionalización y simplificación de trámites, con corte al 30 de noviembre de 2023, le ahorraron al país unos quince mil cuatrocientos veintiséis millones trescientos cuarenta y un mil quinientos sesenta ynueve pesos (15.426.341.569). El aporte de la racionalización no solo se mide en cifras sino en el impacto y valor de la calidad de servicio a las comunidades y el respeto por su tiempo.
¿Por qué simplificar trámites?: La política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites busca que estos sean sencillos y que eliminen complejidades, requisitos y costos innecesarios para las ciudadanías.
También persigue que los trámites establecidos por las autoridades nacionales y territoriales sean racionales y proporcionales a los fines que se persiguen e incluyan componentes de tecnología.
La política de racionalización de trámites está respaldada normativamente por los decretos Ley 962 de 2005, Ley 019 de 2012 y 2106 de 2019; la Ley 2052 de 2020 y la Resolución 455 de 2021 de Función Pública.



